Durante esta jornada se aprobó en el senado el acuerdo de escazú, por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, se respaldó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. La aprobación incluye la “declaración interpretativa” propuesta por la Cámara que apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno; reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, entre otros.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo de política ambiental para la región de América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico internacional vinculante, y se considera pionero porque va más allá de la protección del medioambiente y establece garantías a personas, grupos y organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales y consagra la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación como objetivos para lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso.
En particular, el tratado establece tres derechos de acceso para alcanzar el derecho sustantivo a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Estos tres pilares son el derecho de acceso a la información, orientado a garantizar la transparencia de la información ambiental en su dimensión pasiva y activa; el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente, incluido los que afecten a la salud, y de asuntos ambientales de interés público; y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, referido a las garantías del debido proceso para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esta disposición, la más progresista del tratado, está destinada a garantizar que los defensores actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad, protegiendo sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, y a ejercer los derechos de acceso.
